Consejo de Estado frena el aumento del salario mínimo para 2026 y el Gobierno Petro debe expedir un nuevo decreto
El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un aumento histórico del 23,78 % al salario mínimo para 2026, ordenando al Gobierno del presidente Gustavo Petro expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto transitorio que respete los criterios legales vigentes, luego de acoger múltiples demandas contra la medida.
El alto tribunal administrativo del país acogió las solicitudes de al menos 30 demandas interpuestas contra el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para 2026 en $1.750.905 COP, cifra que con el auxilio de transporte ascendía a $2.000.000 COP mensuales, equivalente a un incremento de 23,78 % respecto a 2025.
La decisión del Consejo de Estado implica la suspensión provisional de los efectos de ese decreto mientras avanza el análisis de fondo sobre su legalidad y cumplimiento de los criterios constitucionales y económicos estipulados en la ley. Entre estos criterios están la inflación real, la productividad laboral, la participación de los salarios en el ingreso nacional y el crecimiento del producto interno bruto, entre otros.
La providencia obliga al Ejecutivo a publicar un nuevo decreto transitorio dentro de ocho días calendario, que establezca un porcentaje de ajuste del salario mínimo para 2026 y su valor total, con base en parámetros técnicos y constitucionales, y que regirá hasta tanto se emita una decisión definitiva en el proceso judicial.
Este fallo judicial ocurre después de que el Gobierno de Gustavo Petro decidiera aplicar el concepto de “salario vital” para justificar el incremento sin alcanzar consenso en la tradicional mesa tripartita entre sindicatos, empresarios y el Gobierno. La medida había generado debate en distintos sectores por su posible impacto en la inflación, la generación de empleo formal y los costos empresariales.
Ahora, mientras se expide el nuevo decreto transitorio, persiste la incertidumbre sobre cuál será el porcentaje de aumento que finalmente se adopte y cómo se compatibilizarán los criterios técnicos con las expectativas de trabajadores y empleadores en Colombia.
