Santa Marta militarizada: la primera gran prueba de la política de seguridad de De la Espriella
Un despliegue de más de mil uniformados busca contener el paro armado decretado por las ACSN en Santa Marta, convirtiendo a la ciudad en el centro de debate sobre la nueva estrategia militar del Gobierno.
Vehículos quemados bloqueando vías estratégicas como la Troncal del Caribe, comercios cerrados bajo amenaza y comunidades confinadas conforman el convulso panorama de los últimos días en Santa Marta. La capital del Magdalena se ha convertido en el primer gran escenario donde se pone a prueba la estrategia de seguridad implementada por el presidente Abelardo de la Espriella, tras el fin de los procesos de diálogo con grupos armados iniciados en el mandato anterior.
La escalada violenta se desencadenó tras la realización de un operativo militar el pasado 21 de septiembre en el que fue neutralizado alias «Cholo», señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), junto a diez presuntos integrantes de esa estructura. En represalia, el grupo armado decretó un paro armado que paralizó gran parte del comercio y el transporte local mediante incursiones armadas y hostigamientos.
La respuesta del Ejecutivo nacional fue la militarización inmediata del casco urbano y rural del distrito, movilizando a más de 1.000 efectivos de la fuerza pública. A través de sus redes sociales, el presidente De la Espriella difundió piezas audiovisuales patrullando armado junto a la tropa, buscando transmitir un mensaje directo de autoridad frente a las organizaciones criminales que operan en esta estratégica zona del Caribe colombiano.
Santa Marta, que en 2025 recibió a unos 60.000 turistas extranjeros y sirvió de puerta de entrada para más de 800.000 visitantes al Parque Tayrona, atraviesa una compleja dinámica delictiva. La región sufre una intensa disputa territorial entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o Clan del Golfo) por el control de la extorsión —afectando al 95 % de los establecimientos turísticos y comerciales según la Fundación Ideas para la Paz (FIP)— y el dominio de las rutas del narcotráfico a través de su puerto marítimo y la frontera hacia La Guajira.
Mientras analistas señalan que la presencia física del mandatario y el endurecimiento de la acción militar pueden generar un impacto de credibilidad en el corto plazo, sectores de la oposición parlamentaria han calificado la estrategia como una exhibición mediática. En el trasfondo técnico del conflicto, analistas internacionales advierten sobre la necesidad de consolidar una estrategia integral de largo plazo que vaya más allá de la neutralización de cabecillas para evitar la fragmentación y la posterior atomización de la violencia en el territorio.
