La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad provisional a los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez, expresidente del Senado, y Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes, procesados por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión quedó consignada en una providencia del 9 de octubre de 2026, mediante la cual el alto tribunal resolvió favorablemente la solicitud presentada por las defensas de ambos y estableció las condiciones que deberán cumplir para salir del centro de reclusión.
Por qué la Corte concedió el beneficio
La determinación se fundamenta en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, relacionado con la libertad provisional por vencimiento de términos. Según el documento judicial, la Sala evaluó que había transcurrido un año desde que se emitió la resolución de acusación contra los dos exlegisladores sin que se hubiera instalado el juicio correspondiente.
La acusación fue proferida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 2025. La Corte precisó que el beneficio se refiere exclusivamente a la situación de privación de la libertad de los procesados: no implica una absolución ni el cierre del proceso penal que se adelanta contra ambos.
La providencia fue suscrita por las magistradas Blanca Nélida Barreto Ardila y Socorro Mora Insuasty, esta última como magistrada ponente.
Condiciones que deberán cumplir Name y Calle
La providencia establece que cada uno de los procesados deberá pagar una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), esto es $17.509.050. El dinero podrá consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia indicada por la Corte Suprema o garantizarse mediante una póliza.
Además del requisito económico, ambos deberán suscribir una diligencia compromisoria que incluya suministrar información precisa que permita establecer su ubicación. El incumplimiento de los compromisos adquiridos puede ocasionar la imposición de una multa y la revocatoria de la libertad provisional, según la advertencia incluida en la decisión judicial.
La Corte también ordenó expedir las respectivas boletas de libertad con destino al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota, donde permanecen recluidos los excongresistas. La salida deberá hacerse efectiva únicamente después de verificar que no sean requeridos por otra autoridad judicial. Contra la providencia proceden los recursos de reposición y apelación.
Los señalamientos en el caso de la Ungrd
La resolución de acusación de agosto de 2025 señaló a Name y a Calle como presuntos autores del delito de cohecho impropio y partícipes en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, con una circunstancia de mayor punibilidad relacionada con su posición distinguida en la sociedad.
La investigación se concentra en el supuesto pago de sobornos por 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos a Calle durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, los recursos habrían tenido como propósito facilitar la aprobación de iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno nacional, entre ellas las reformas al sistema de salud y pensional.
Según los señalamientos recogidos en el expediente, el dinero habría sido entregado en efectivo durante octubre de 2023. Name presuntamente recibió los recursos mediante dos entregas realizadas por Sandra Ortiz, quien para entonces se desempeñaba como consejera presidencial para las Regiones. En el caso de Calle, la entrega habría estado a cargo de Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la Ungrd, en un apartamento ubicado en Montería, Córdoba.
Las autoridades investigan si los recursos estuvieron relacionados con un préstamo concedido por Pedro José Castro Espinosa, que habría sido reembolsado con dinero desviado de un contrato de la entidad destinado a la adquisición de carrotanques para llevar agua a La Guajira. En el expediente también aparecen otros exfuncionarios, entre ellos Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Sandra Ortiz.
El proceso penal continúa abierto
La concesión del beneficio no modifica las acusaciones formuladas en contra de los dos excongresistas, que continúan sujetas al trámite judicial y a las decisiones que adopte la Corte Suprema durante las siguientes etapas del proceso. El proceso penal sigue pendiente de la instalación del juicio, en el que deberán examinarse las pruebas y determinarse la responsabilidad o inocencia de los dos exlegisladores frente a los delitos que les fueron imputados.
Las defensas han cuestionado aspectos de la investigación y de las pruebas incorporadas al proceso. Durante el trámite también se presentaron argumentos sobre el origen de los recursos y la configuración del delito de peculado. Sin embargo, la Sala Especial de Instrucción mantuvo la acusación contra Name y Calle.
Preguntas frecuentes
¿La libertad provisional significa que Andrés Calle e Iván Name quedaron absueltos?
No. La Corte Suprema precisó que el beneficio se refiere únicamente a su situación de privación de la libertad. Las acusaciones siguen vigentes y el proceso penal continúa abierto a la espera de la instalación del juicio.
¿Qué deberán cumplir para salir de La Picota?
Cada uno deberá pagar una caución prendaria de diez salarios mínimos ($17.509.050), suscribir una diligencia compromisoria con información sobre su ubicación y verificar que no sean requeridos por otra autoridad judicial.
¿Por qué se investiga a los excongresistas en el caso de la Ungrd?
La Corte Suprema los acusó por presunta participación en un entramado de corrupción en la Ungrd, que incluiría el pago de sobornos para facilitar la aprobación de iniciativas legislativas durante el gobierno de Gustavo Petro.
