Judicializan al exalcalde Andrés Hurtado y siete exfuncionarios por obra del puente de la 60

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a proceso penal al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y a siete personas más por presuntas anomalías en los trámites de selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría para la construcción del puente elevado de la calle 60 y sus interconexiones en la capital del Tolima.

El grupo de procesados incluye a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los supervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, además del contratista Francisco José Restrepo Albarello, representante legal del consorcio interventor. El contrato de interventoría, cuyo valor superó los $2.997 millones con un plazo de ejecución de ocho meses, tenía como fin realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico del proyecto vial.

Según la investigación adelantada por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima, las abogadas Arenas Plata y Rojas Millán, en su calidad de integrantes del comité evaluador jurídico, habrían viabilizado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello a pesar de que este presentaba inhabilitaciones para contratar con el Estado. Adicionalmente, las labores de policía judicial evidenciaron que, aunque los pagos debían responder al avance físico de la obra, al interventor se le giraron más de $1.000 millones de pesos cuando los trabajos en el sitio no alcanzaban el 6 % de ejecución.

En el expediente se señala que Hurtado Barrera, en su condición de mandatario local, habría omitido sus deberes de control sobre la contratación. Por su parte, la exsecretaria Guzmán González habría respaldado las actuaciones que permitieron los desembolsos, mientras que los supervisores avalaron los trámites sin interponer los frenos legales correspondientes. El ente acusador imputó, según la responsabilidad individual de cada implicado, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.