Juez ordena al presidente De la Espriella ocultar de redes oficiales imágenes de presuntos criminales abatidos
Tras una acción de tutela que alega vulneración de derechos fundamentales, un juzgado laboral de Bogotá ordenó al mandatario y al Dapre retirar temporalmente videos y fotografías de operativos militares donde se exhiben cadáveres en bolsas blancas.
Una inédita orden judicial ha puesto un freno a la estrategia de comunicaciones digitales del Gobierno Nacional. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá emitió una medida cautelar que obliga al presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a ocultar de manera temporal varias publicaciones oficiales en redes sociales donde se muestra al Jefe de Estado posando junto a cadáveres de supuestos miembros de grupos armados ilegales.
La decisión judicial se enmarca en la admisión de una acción de tutela interpuesta por el representante a la Cámara del Partido Verde, Santiago Osorio. El congresista argumentó que la difusión de este tipo de imágenes explícitas en cuentas institucionales como Instagram (@infopresidencia) representa una posible vulneración de derechos fundamentales, haciendo especial énfasis en la protección al menor de edad frente a contenidos de alta crudeza visual.
La orden emitida por el togado afecta específicamente a las publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre. En la primera de ellas, el mandatario aparecía caminando entre 23 cuerpos embolsados tras la Operación Azarías en el Guaviare, un golpe a las disidencias de las FARC. La segunda publicación documentaba una rueda de prensa en Riohacha, en el marco de la Operación Centinela de la Patria, donde De la Espriella compareció rodeado de cuatro cadáveres abatidos, entre los que destacaba un supuesto miembro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El juez precisó que la medida consiste en «el ocultamiento» de las publicaciones mientras se emite un fallo de fondo, dejando claro que por el momento no se exige su eliminación definitiva. Tanto el presidente De la Espriella, quien asumió hace un mes con una bandera de mano dura frontal contra la criminalidad, como el equipo de comunicaciones de Palacio tienen un plazo de dos días para presentar sus argumentos de defensa. Mientras tanto, entidades como el Ministerio de las TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Meta y el ICBF fueron vinculados al proceso judicial para que emitan sus respectivos conceptos sobre los límites de la difusión institucional en plataformas digitales.
