Nacional

Tribunal suspende decreto que trasladaría millones de usuarios a EPS intervenidas

El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de forma provisional el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud, norma que planteaba el traslado masivo de usuarios entre EPS y que podría haber movido cerca de seis millones de afiliados dentro del sistema de salud colombiano.

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender temporalmente el Decreto 182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que buscaba reorganizar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo un modelo territorial y poblacional.

La norma establecía límites sobre cuántas EPS podían operar en cada municipio dependiendo del número de habitantes, lo que en la práctica habría provocado el traslado masivo de millones de usuarios a otras entidades dentro del sistema de salud.

De acuerdo con las estimaciones, la medida podría haber implicado el movimiento de cerca de seis millones de afiliados entre diferentes EPS. De ese total, alrededor de 2,6 millones habrían sido trasladados a la Nueva EPS, una de las entidades actualmente intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Posible afectación a derechos de los usuarios

La decisión judicial se tomó como medida cautelar dentro de una acción popular que cuestiona la legalidad del decreto y su impacto en el sistema de salud. Según el tribunal, existen indicios de que la norma podría afectar derechos colectivos como el acceso oportuno a los servicios de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia entre aseguradoras.

El fallo advierte que la reorganización del sistema bajo ese modelo podría concentrar la prestación del servicio en un número reducido de EPS, e incluso en algunos territorios dejar a los usuarios con una sola opción de afiliación.

El decreto queda suspendido mientras se decide de fondo

Con la decisión del tribunal, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deberán abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto mientras se resuelve el proceso judicial. La medida busca evitar posibles perjuicios para los usuarios del sistema de salud hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad de la norma.

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