“20 años viviendo aquí y hoy nos quieren sacar”: familias denuncian presuntas irregularidades en desalojos al sur de Ibagué

Fecha: 13 de enero, 2026.

Testimonios de residentes del barrio Villa Lady, en la comuna 12 de Ibagué, revelan una serie de presuntas irregularidades judiciales y administrativas en los procesos que hoy mantienen en riesgo de desalojo a más de 20 familias que aseguran haber comprado, construido y habitado sus viviendas durante más de dos décadas.

El silencio habitual del barrio Villa Lady se rompió con voces cargadas de indignación y angustia. Hasta este sector del sur de la capital tolimense llegó El Irreverente Ibagué, tras recibir múltiples denuncias de habitantes que aseguran estar siendo víctimas de un proceso que califican como “ilógico” y “lleno de anomalías”. Se trata de cerca de 60 viviendas levantadas desde finales de los años noventa, cuyos ocupantes hoy enfrentan órdenes de restitución promovidas por una mujer que, según relatan, reapareció después de más de 20 años alegando ser la propietaria de los terrenos.

Yeimy, una de las residentes afectadas, relató que en 1998 la señora Miriam Mancera vendió los lotes del sector y se comprometió a adelantar escrituras y obras de urbanismo, compromisos que, según su testimonio, “nunca cumplió”. “Ella desapareció más de 15 años, hipotecó el terreno y ahora regresa diciendo que todo es de ella. Lo más extraño es que primero nos dijeron que nos pagarían las mejoras y luego que teníamos que entregar casas y lotes. Eso no tiene lógica”, afirmó.

Otros habitantes aseguran que compraron los terrenos a terceros que, a su vez, habían adquirido los lotes inicialmente. Olga, otra de las afectadas, explicó que su familia compró el lote en el año 2000, construyó la vivienda, paga impuestos y servicios públicos, y actualmente adelanta un proceso de pertenencia. “El juzgado ha venido, ha visto las casas, sabe que no son construcciones recientes. ¿Cómo ahora dicen que tenemos que entregar todo?”, cuestionó.

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los denunciantes es el cambio constante de decisiones dentro del proceso judicial. Según los testimonios, en un lapso de semanas un juez habría modificado los alcances de las órdenes, pasando de reconocer mejoras a exigir la entrega total de las viviendas. Además, afirman que nunca recibieron notificaciones formales de los desalojos, los cuales dicen, se ejecutaron de manera sorpresiva.

Las denuncias van más allá. Algunos residentes aseguran haber recibido exigencias económicas para frenar los desalojos. “Me pidieron 80 y hasta 100 millones de pesos para no sacarme, pero sin garantizar escrituras. ¿Cómo voy a pagar por algo que ya compré y construí?”, relató otra de las afectadas, quien además denunció que le retiraron sin autorización una valla que anunciaba su proceso de pertenencia.

También se mencionan presuntas irregularidades en la actuación judicial. Los vecinos aseguran que, en al menos una diligencia, el juez habría llegado en el mismo vehículo del abogado de la parte contraria, situación que consideran improcedente y que, según ellos, pone en duda la transparencia del proceso. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias que dicen haber elevado ante la Fiscalía, donde aseguran que ya cursa un proceso por presunta estafa procesal.

Los habitantes sostienen que cuentan con documentos de compraventa, recibos de servicios públicos e impuestos prediales a su nombre, lo que, a su juicio, evidencia una contradicción institucional. “El Estado nos cobra impuestos, nos presta servicios, pero ahora dice que no somos dueños”, expresó una de las voceras comunitarias.

Según los testimonios recogidos, algunas familias ya habrían cedido sus viviendas tras presiones, mientras otras continúan resistiendo y acudiendo a instancias judiciales. Los residentes hicieron un llamado a las autoridades locales, a la Fiscalía y a los entes de control para que revisen con “lupa” este caso y evalúen las presuntas irregularidades denunciadas.