Defienden vigencia y necesidad de los derechos sexuales y reproductivos

Las recientes intervenciones y posturas adoptadas por los representantes diplomáticos del Estado colombiano en escenarios internacionales de alta relevancia, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han reabierto el debate nacional sobre la pertinencia, el origen y la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la era moderna. Juristas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han recordado que esta categoría de garantías no constituye una simple tendencia coyuntural, sino que se fundamenta en tratados internacionales de alcance universal, bloques de constitucionalidad y sólidos precedentes sentados por tribunales constitucionales.

Informes globales recientes, entre los que destaca el reporte sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) emitido por la ONU, evidencian los avances logrados a lo largo de los últimos años en materia de salud sexual y reproductiva —tales como la reducción de la tasa de embarazo adolescente, la disminución de la mortalidad materna y el acceso ampliado a métodos anticonceptivos modernos—, advirtiendo que cualquier intento de desconocer estos derechos desde la diplomacia estatal representa un retroceso grave e inadmisible. Asimismo, organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OCDE han enfatizado que restringir el acceso a los servicios de salud reproductiva no elimina los problemas estructurales, sino que profundiza la discriminación de género y pone en riesgo la vida, la dignidad y la autonomía de millones de mujeres y niñas en todo el mundo.