Cargos contra alcalde de Natagaima por irregularidades en convenios
Los convenios habrían sido dispuestos para la recuperación y reforestación de sitios ecológicos y fueron suscritos cuando el implicado fue mandatario local (2012-2015). La misma decisión cobijó al exsecretario de agricultura para la misma época, y a dos contratistas.
El actual alcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade Ramírez, fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, y prevaricato por omisión. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2013, cuando el mismo Andrade estuvo al frente de la administración municipal.
Cargos similares les fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, a Víctor Viscaya Ortiz, ex secretario de agricultura para el período referido; lo mismo que a Andrea Yolima Trujillo Guarnizo, representante legal de la Fundación Sembrar; y para William Caviedes Toro, representante de la corporación Corpodesarrollo.
Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades detectadas en los convenios: N° 019 del 4 de julio de 2012, 005 del 20 de marzo de 2013, y 017 del 08 de octubre de 2013, y cuyo objeto era la reforestación y recuperación de sitios de importancia ecológica y áreas de nacimiento en fuentes hídricas naturales del municipio.
Dichos convenios, cuyo valor alcanzó los 655 millones de pesos, fueron celebrados entre la Alcaldía Municipal, la Fundación Sembrar y la corporación Corpodesarrollo.
Para los investigadores de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima, el burgomaestre no tuvo en cuenta los requisitos objetivos a la hora de la firma con la Fundación Sembrar, ya que la representante legal era la esposa de un primo suyo.
En el caso del secretario, precisa la Fiscalía, que él a pesar de haber sido designado como supervisor de dichos convenios, pasó por alto situaciones como la descrita.
Para el ente investigador los servidores públicos implicados, presuntamente, permitieron que los representantes legales de la Fundación y la corporación contratistas, se apropiaran de 200 millones de pesos, aproximadamente. Suma esta que les fue cancelada, aún, sin haber cumplido con las actividades y trabajos que les fueron encomendados.
Se indaga además si en desarrollo de estas actividades los funcionarios, habrían incurrido en falsificación de documentos públicos que fueron suscritos dentro del trámite.
La próxima audiencia será de acusación.
