El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, intervino por primera vez ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para presentar el balance del Gobierno nacional sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En su discurso, de casi 18 minutos, el canciller expuso cifras sobre el incremento de la violencia y del reclutamiento forzado de menores durante 2024 y planteó focalizar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país.
Bula actuó en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella y sostuvo que la seguridad pública es una condición indispensable para alcanzar la paz, ante lo que describió como un deterioro en los indicadores de violencia tras una década de la firma con las antiguas Farc-EP.
Un caso de reclutamiento de menores cada 20 horas en 2024
Uno de los datos centrales de la intervención fue el aumento de la utilización de niños por parte de estructuras armadas. Según el canciller, ese fenómeno creció un 64% entre 2023 y 2024, y en 2024 se verificó en promedio un caso de reclutamiento cada 20 horas en territorio nacional, con más de 326 casos documentados.
“Las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en cinco años. Solo entre 2023 y 2024, ese incremento fue del 64%. En 2024 se verificó en promedio el reclutamiento o la utilización de un niño cada 20 horas. Repito, cada 20 horas, documentado en más de 326 casos”, declaró Bula ante los miembros del Consejo de Seguridad.
El jefe de la Cancillería señaló además que entre julio de 2016 y agosto de 2026 se contabilizaron 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros en el país. También indicó que las estructuras armadas ilegales pasaron de 6.000 a casi 30.000 integrantes y que multiplicaron y diversificaron sus ingresos con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
La propuesta sobre el mandato de la Misión de Verificación
Durante su intervención, el canciller planteó oficialmente focalizar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y sugirió que la entidad se concentre exclusivamente en la reincorporación y las garantías de seguridad de los excombatientes.
“La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las Farc-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”, señaló Bula.
Respecto al componente de la Reforma Rural Integral, la Cancillería argumentó que la entrega de tierras y el desarrollo productivo constituyen políticas públicas permanentes que deben ser asumidas directamente por la institucionalidad del Estado y el Ministerio de Agricultura, actualmente encabezado por Indalecio Dangond. “La Reforma Rural Integral, por su parte, constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”, añadió el canciller.
Según el Gobierno, el planteamiento busca concentrar los recursos de la verificación internacional en la reincorporación y las garantías de seguridad para los antiguos integrantes de las Farc-EP.
La reacción de Gustavo Petro
Las declaraciones del canciller y la propuesta de retirar el componente agrario de la verificación internacional provocaron la reacción del expresidente Gustavo Petro, quien rechazó la postura del Gobierno nacional y cuestionó la orientación de la política exterior frente al reparto de tierras a los campesinos.
“El canciller de un narcogobierno pide que la riqueza de la mafia: que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos. Que la ONU y su Consejo de Seguridad no miren cómo se devuelve a los narcotraficantes sus bienes malhabidos desde el gobierno mismo”, escribió el exmandatario en su cuenta de la red social X, donde también recordó el pasado litigante del presidente Abelardo de la Espriella: “Lo que hacían con la oficina de abogados ahora lo hacen desde la oficina de la presidencia”.
Balance de los primeros 60 días de la administración De la Espriella
Para sustentar el cambio en la estrategia gubernamental, el canciller expuso los resultados operacionales de la fuerza pública en los primeros 60 días de la administración: 32.029 capturas, la incautación de más de 135 toneladas de estupefacientes, la incautación de 3.414 armas de fuego y la firma de 119 órdenes de extradición.
El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que la propuesta enviada al Consejo de Seguridad busca garantizar la efectividad de los recursos internacionales, mientras el Estado retoma la autoridad constitucional en los territorios afectados por los grupos armados.
Preguntas frecuentes
¿Qué pidió Colombia a la ONU?
El Gobierno propuso focalizar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en la reincorporación y las garantías de seguridad de los excombatientes, y que la Reforma Rural Integral quede en manos de la institucionalidad permanente del Estado.
¿Qué cifras presentó el canciller sobre menores reclutados?
Que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en cinco años, con un crecimiento del 64% entre 2023 y 2024, y que en 2024 se documentaron más de 326 casos, uno cada 20 horas en promedio.
¿Cómo reaccionó Gustavo Petro?
El expresidente rechazó la propuesta en la red social X y cuestionó la política exterior del Gobierno frente al reparto de tierras.
