Cortolima e ITFIP se rajan en auditoría de la Contraloría por millonarias incorrecciones

La gestión financiera de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y del Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional (ITFIP) quedó en entredicho tras los resultados de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República a los estados financieros de las entidades públicas durante la vigencia 2025. El organismo de control fiscal emitió una opinión de carácter negativo para ambas instituciones, además de calificar sus respectivos sistemas de control interno financiero bajo la categoría de “con deficiencias”, poniendo de relieve serias debilidades en los procesos contables y administrativos evaluados.

De acuerdo con el informe técnico, Cortolima reportó activos por un valor de $228.023 millones; sin embargo, los auditores detectaron incorrecciones financieras que ascienden a los $8.379 millones. Paralelamente, el panorama institucional para el ITFIP no mostró mejores resultados, registrando activos por $65.602 millones junto a incorrecciones económicas tasadas en $9.696 millones. Al sumar las diferencias contables identificadas en ambas entidades, las cifras observadas por el organismo fiscalizador alcanzan aproximadamente los $18.075 millones, cuestionando de forma directa la calidad y la razonabilidad de la información contable presentada a lo largo del periodo.

Adicionalmente, el informe de la Contraloría expuso una situación particular y de mayor gravedad al interior de Cortolima, al detectarse un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $1.299 millones. Dicha anomalía está vinculada directamente con dos procesos de cobro coactivo, específicamente los radicados bajo los números 3914 y 7129, en los cuales se configuró la prescripción de la deuda debido a una gestión inoportuna y negligente por parte de la entidad en las labores de cobro. Esto significa que el organismo habría dejado vencer los plazos legales para exigir el recaudo de dichas obligaciones financieras, un presunto detrimento que ahora deberá ser esclarecido de manera rigurosa mediante los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes para determinar las actuaciones individuales a que haya lugar.

Desde el punto de vista técnico, la Contraloría recordó que las denominadas “incorrecciones” reflejan las discrepancias halladas entre los montos reportados en los estados informes y los parámetros normativos exigidos, por lo que estas cifras no deben equipararse de manera automática con un detrimento patrimonial consumado o con dinero extraviado. No obstante, las opiniones negativas y las deficiencias reiteradas en los controles financieros lanzan una alerta institucional sobre la transparencia administrativa en el departamento, exigiendo correctivos urgentes en los procedimientos contables de estas entidades públicas de cara a la ciudadanía y a los entes de fiscalización del Estado.