Crecen los cuestionamientos tras confirmarse la muerte de tres menores en bombardeo militar en Guaviare
Informes de Medicina Legal revelaron que entre las diez personas fallecidas en la operación contra las disidencias de "Calarcá" se encontraban tres niños o adolescentes reclutados por el grupo armado.
Una profunda controversia política y social se desató en el país luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara que tres menores de edad murieron durante el bombardeo militar ejecutado en la madrugada del pasado jueves en zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare. La acción táctica aérea de las Fuerzas Militares forma parte de la ofensiva oficial dirigida contra las estructuras armadas ilegales pertenecientes al bloque disidente bajo el mando de alias «Calarcá».
Tras el traslado de diez cuerpos recuperados en el campamento hacia las sedes forenses de Florencia y Villavicencio, los expertos lograron establecer la identidad de nueve de las víctimas, determinándose que corresponden a cuatro personas de sexo femenino y cinco de sexo masculino, entre las cuales se cuentan los tres menores. Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los nombres o edades exactas de los jóvenes, mientras sectores defensores de derechos humanos exigen explicaciones sobre las evaluaciones de inteligencia que respaldaron el ataque aéreo y la presencia de víctimas de reclutamiento forzado en la zona de impacto.
Paralelamente, los laboratorios forenses avanzan en el análisis del décimo cuerpo, el cual fue trasladado a Bogotá para cotejos genéticos avanzados, ya que las investigaciones preliminares señalan que podría corresponder a Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido como alias «Urías Perdomo», cabecilla de confianza de «Calarcá» por quien el Gobierno Nacional ofrecía una recompensa de $400 millones de pesos.
El trágico hallazgo reabrió el debate nacional sobre el uso de bombardeos aéreos en zonas donde se presume la presencia de menores reclutados a la fuerza por grupos al margen de la ley. Reportes recientes de la Defensoría del Pueblo señalan un aumento preocupante en las denuncias por reclutamiento infantil en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Guaviare, un delito atroz que continúa afectando a las comunidades rurales más vulnerables del país.
