MinTrabajo revoca parcialmente sanción a la empresa Charry Trading de Ibagué y reduce la multa en un 80 %
La decisión administrativa archiva parte de las investigaciones por presunto acoso laboral contra los hermanos Charry, desatando duras críticas de los abogados defensores de los trabajadores.
En un controvertido giro institucional, el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 2737 del 27 de agosto de 2026, mediante la cual resolvió revocarle parcialmente una sanción multimillonaria a la empresa Charry Trading S.A.S. de Ibagué. Con esta nueva determinación, la penalización económica impuesta a la firma comercial sufrió una rebaja drástica de casi el 80 %, pasando de un acumulado que superaba los $1.000 millones de pesos a una multa definitiva fijada en $254 millones, al tiempo que se ordenó el archivo de varios cargos del expediente.
Los antecedentes del caso se remontan a septiembre de 2023, cuando se hicieron virales en redes sociales diversos videos grabados por los empleados de la compañía. En las piezas audiovisuales se denunciaban sistemáticos episodios de maltrato verbal, humillaciones, agresiones y presuntas vulneraciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los hermanos Gustavo Adolfo y Diego Fernando Charry Parra, conocidos empresarios de la capital tolimense. Tras el impacto mediático, en agosto de 2025 el Ministerio sancionó a la empresa con tres multas severas.
No obstante, en la revisión efectuada por la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial de la entidad laboral, la autoridad determinó absolver a la empresa de dos de los cargos principales: aquellos referidos a la supuesta vulneración de preceptos constitucionales de igualdad y protección frente a la violencia contra la mujer, así como el desacato de los deberes de respeto a la dignidad del trabajador previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. La única sanción que se mantuvo vigente responde al incidente en el que Diego Fernando Charry agredió verbalmente a la empleada Claudia Yaneth Méndez.
La resolución, sobre la cual no procede ningún recurso legal en la vía administrativa, provocó una fuerte reacción por parte del apoderado de los trabajadores, el abogado Camilo Delgado. El jurista argumentó que el archivo de los cargos responde a una interpretación que debilita la protección estatal hacia la mano de obra, sentando un precedente negativo que favorece de forma desproporcionada a los empleadores frente a casos acreditados de abuso laboral. Sin embargo, la representación legal de los demandantes anunció que acudirá a los jueces de la República para interponer las acciones judiciales correspondientes y buscar la revisión de la medida.
