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Cronología de la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua

Este jueves, la máxima corte de la ONU rechazó la solicitud de Nicaragua en el litigio territorial con Colombia por 13 votos contra cuatro.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunció este jueves sobre la última demanda pendiente entre Colombia y Nicaragua. Este último reclamaba tener derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde su costa.

Sin embargo, luego de terminar la lectura resumida del fallo, la Corte rechazó la solicitud de Nicaragua y le dio la razón a la defensa colombiana con 13 votos contra cuatro.

«Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida», señaló Joan Donoghue, presidenta de la CIJ.

El fallo del máximo órgano judicial de las Naciones Unidas responde a una demanda interpuesta por Nicaragua en 2013.

El país centroamericano reclamó ante el tribunal delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Sin embargo esa extensión supone solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Un fallo del CIJ de 2012 reafirmó la soberanía colombiana sobre esas islas, situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense, al tiempo que otorgó a Managua una mayor extensión de sus zonas marítimas.

El tribunal anunciará si acepta o rechaza la demanda de la nación presidida por Daniel Ortega, en una disputa que versa sobre un área marítima rica en recursos naturales y con gran abundancia de peces.

Por un lado, la corte de La Haya deberá indicar si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario (normas jurídicas no escritas pero basadas en las costumbres) que determinen el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas.

Y por otro, deberá decidir si el derecho de un Estado a una plataforma continental extendida puede solaparse al espacio de 200 millas náuticas de otro Estado.

Recursos naturales y pesca

Nicaragua sostiene que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.

Pero Colombia, que no ha ratificado dicha Convención, argumenta que Managua «no demostró científicamente que tiene una plataforma continental» que se extiende más allá de 200 millas.

Según un comunicado de la cancillería, el gobierno presidido por el izquierdista Gustavo Petro alega además que dicha ampliación de la plataforma «no debería ser considerada como parte del derecho internacional consuetudinario».

«En esta disputa están en juego zonas marítimas muy ricas en biodiversidad, recursos pesqueros, belleza paisajística, pero también recursos naturales» como gas y petróleo, señaló a la AFP Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.

El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.

Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó una área de aproximadamente 75.000 km2 en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.

De esa forma, el fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.

A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.

En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos. Colombia contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios. La corte dictaminó en abril de 2022 que Colombia había violado «los derechos soberanos y jurisdiccionales» de Nicaragua.

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