Fiscalía no halla interceptaciones al candidato Abelardo de la Espriella en medio de la polémica por “chuzadas”
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras revisar cerca de 13 000 interceptaciones legales, no se encontró rastro de escuchas telefónicas relacionadas con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de que este denunciara una supuesta “chuzada” a su número personal en el marco de la campaña electoral de Colombia 2026.
En las últimas horas, el ente investigador colombiano aseguró que no existe registro en la base de datos oficial de comunicaciones interceptadas que incluya el número telefónico del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella. La revisión fue parte de las primeras diligencias adelantadas por la Fiscalía, tras la denuncia pública del candidato por posibles intervenciones ilegales de sus comunicaciones.
La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó que la entidad ha rastreado aproximadamente 13 000 interceptaciones activas, todas ejecutadas bajo orden de un fiscal, con autorización judicial y posterior control judicial, y que hasta el momento no hay evidencia de escuchas dirigidas al candidato. Por la naturaleza de estas actuaciones, que están bajo reserva judicial, no es posible revelar detalles ni contenidos de las interceptaciones revisadas.
La polémica se originó después de declaraciones del presidente Gustavo Petro en redes sociales, donde sugirió la existencia de informes de inteligencia que vincularían a De la Espriella con conversaciones sobre contratos públicos. Estas publicaciones desataron críticas y cuestionamientos, y llevaron al equipo jurídico del candidato a pedir que la Fiscalía y otros entes de control investiguen si hubo interceptaciones ilegales o uso indebido de información estatal.
Por su parte, la campaña del candidato respondió con firmeza, negando cualquier relación con los hechos aludidos por el mandatario y calificando de “persecución política” los señalamientos, al tiempo que solicitó aclaraciones públicas sobre la fuente y legalidad de las supuestas escuchas mencionadas en redes sociales.
Este episodio se da en pleno ambiente político y electoral en Colombia, a pocos meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, lo que ha intensificado el debate sobre la transparencia, la protección de datos y el uso de mecanismos de inteligencia del Estado en procesos democráticos.
