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Gobierno radicó proyecto de ley estatutaria de educación

La iniciativa, encabezada por el Mineducación, tiene como objetivo establecer las garantías para que se cumpla y se proteja este derecho fundamental. 

El Ministerio de Educación radicó ante el Congreso el proyecto de ley estatutaria, el cual establece a la educación, en todos sus niveles, como un derecho fundamental.

La propuesta tiene como propósito garantizar el acceso universal a la educación. Es decir, que todos los niños y jóvenes del país pueden ingresar al sistema educativo desde los primeros años de edad hasta la educación superior.

Lo anterior teniendo en cuenta todos los aspectos que implica cumplir con ese propósito, incluyendo accesibilidad, asequibilidad, calidad, permanencia, pertinencia, equidad, entre otros.

En ese orden de ideas, según lo señala el texto de la iniciativa, «la oferta educativa se ejecutará bajo la indelegable inspección y vigilancia del Estado, para garantizar el carácter de la educación como bien común y velar por el cumplimiento de sus elementos esenciales, principios y fines».  

Proyecto de ley estatutaria de educación (PDF)

Entre los puntos clave, el documento establece su aplicación para todos los niveles y modalidades de atención de la educación, establecimientos e instituciones educativas y demás actores que intervengan en los mecanismos de respeto, goce y garantía de este derecho.

El proyecto educativo, junto con la reforma a la ley 30 de 1992, hace parte de las apuestas en esta materia que la cartera de Educación viene promoviendo. 

En este caso, al tratarse de una ley estatutaria, esta iniciará su trámite en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Para que se logre su puesta en marcha, la propuesta necesita ser aprobada con mayoría absoluta (más del 50 % de los votos posibles) y terminar su discusión dentro de la misma legislatura, o en otras palabras, antes del próximo 20 de julio.

Antes de su radicación, la iniciativa recibió varios reparos por parte de las instituciones de educación superior. 

En ese sentido, cuatro universidades privadas (la Universidad de los Andes, la Universidad EAFIT, La Universidad de la Sabana y la Pontifica Universidad Javeriana) manifestaron su intención de «articular los esfuerzos del sector público y privado para avanzar en la garantía de este derecho».  

Estos establecimientos educativos también señalaron que las versiones presentadas por el Gobierno «no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante».

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