Colombia entra al Escudo de las Américas: ¿alianza necesaria o cesión de soberanía?

El ministro de Defensa, Jorge Mora, firmó en Panamá el acuerdo que convierte al país en el miembro número 19 de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), en un evento donde el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, hizo un anuncio que encendió la discusión política: el presidente Abelardo de la Espriella autorizó «operaciones militares conjuntas» con Estados Unidos en territorio colombiano para, en palabras del funcionario, «destruir terroristas y redes criminales.»

¿Qué significa esta alianza para el Gobierno?

Para el Gobierno, la adhesión es la materialización de una promesa de campaña: combatir con mayor firmeza al narcotráfico y a los grupos armados con el respaldo logístico, de inteligencia y militar de Washington. El propio Ministerio de Defensa la presentó como una oportunidad para «fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional» contra el crimen organizado transnacional. En un país que enfrenta una escalada de violencia de disidencias de las Farc, como la que golpea hoy al Tolima, el argumento de fondo es que Colombia necesita más músculo para enfrentar esas estructuras.

¿Cuáles son las críticas de la oposición?

La oposición, liderada por sectores de izquierda, ha sido contundente en su rechazo. El senador Iván Cepeda acusó al mandatario de comprometer la soberanía nacional, y centró su crítica en un punto jurídico de fondo: según planteó, la autorización de tropas u operaciones militares extranjeras en territorio colombiano no puede resolverse por una decisión unilateral del Ejecutivo, sino que debe pasar por el Senado, conforme a la Constitución. Otros voceros de oposición han calificado el anuncio directamente como una «renuncia a la soberanía».

A esto se suma la falta de claridad operativa: hasta el momento, ni Bogotá ni Washington han precisado con exactitud qué tipo de acciones contemplan estas «operaciones conjuntas» —si se trata de apoyo de inteligencia, presencia rotativa de personal estadounidense, o despliegues más directos—, lo que alimenta la incertidumbre sobre sus alcances reales.

¿Qué significa que EE. UU. pueda operar en Colombia?

En términos prácticos, la adhesión al Escudo de las Américas abre la puerta a que fuerzas o asesores estadounidenses trabajen de manera coordinada con la Fuerza Pública colombiana dentro del territorio nacional, algo que hasta ahora se había limitado en gran medida a cooperación técnica y de inteligencia bajo esquemas como el Plan Colombia. El antecedente de Panamá, primer país en firmar un memorando similar en 2025, es ilustrativo: ese acuerdo trajo consigo entrenamientos conjuntos y presencia rotativa de personal estadounidense, y también generó cuestionamientos internos sobre soberanía, que el presidente panameño José Raúl Mulino salió a defender argumentando que «lo que representa una clara amenaza a la soberanía nacional es el narcotráfico.»

El debate de fondo

Más allá de la discusión ideológica, el punto que probablemente marcará las próximas semanas es institucional: si el Congreso colombiano exigirá su rol constitucional en la aprobación de este tipo de acuerdos, y si el Gobierno detallará públicamente los términos exactos de la cooperación militar pactada. Sin esa claridad, el debate seguirá dividido entre quienes ven en el Escudo de las Américas una herramienta necesaria frente a una violencia que no da tregua, y quienes temen que Colombia ceda control sobre decisiones de seguridad que, históricamente, han tenido consecuencias profundas y duraderas para el país.