Perú: más de 1.000 casos de abuso sexual sin atención judicial en comunidades awajún y wampis derivaron en un brote de VIH entre menores
La situación de abuso sexual infantil que enfrentan las comunidades awajún y wampis en la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano, ha derivado en una epidemia de contagios de VIH entre menores de edad, decenas de casos de embarazo adolescente y una crisis de salud mental, según advirtió una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cerca de 1.000 denuncias sin atención judicial
En la zona residen unos 70.000 miembros de las comunidades awajún y wampis. Allí, desde 2014 se ha contabilizado cerca de 1.000 denuncias relacionadas con abusos sexuales de menores, tocamientos y casos de violencia de género que no han sido atendidos por la justicia peruana, según la comisión del Mesecvi. Algunas entidades señalan que los casos podrían llegar a 1.400.
“Vi niñas con hijos que evidentemente no habían procesado todo lo que les había pasado”, relató a BBC Mundo Mónica Maureira, integrante de la delegación que visitó la provincia. La comisión también fue informada sobre intentos de suicidio de adolescentes durante su estadía: “Cuando llegamos a la visita nos enteramos del caso de una joven que había intentado quitarse la vida bebiendo shampoo y cuando nos fuimos nos informaron de otro caso”, añadió.
El origen de las denuncias
La principal denuncia fue formulada por la Defensoría del Pueblo en 2024, cuando reunió graves testimonios de lo que ocurría dentro de los centros educativos de la provincia, ubicada en el norte de Perú. En su informe, la entidad señalaba que se habían registrado al menos 500 casos de acoso sexual en los colegios con mayoría awajún y wampis.
La denuncia provenía de una campaña liderada por Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis. “Esas denuncias nos han costado mucho a las mujeres de esta comunidad, quienes somos las que hemos intentado cuidar a nuestras niñas”, dijo Pioc. “Pero estamos solas: el sistema judicial peruano simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos. Para escuchar las denuncias y castigar a los responsables”.
Ausencia de justicia en la zona
Las denuncias de la Defensoría del Pueblo llevaron a que el Poder Judicial peruano convocara, a mediados de este año, al Mesecvi para revisar la situación. “Lo primero que observé a nivel personal era lo solas que estaban las niñas en esta parte del país. Van al colegio solas. Están en casa solas”, señaló Maureira, quien añadió que “era un problema que iba mucho más allá de los colegios” y que “era un asunto estructural que afectaba a todas las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes de la comunidad”.
Entre los puntos de coincidencia del informe del Mesecvi, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis está la ausencia del aparato judicial en la zona para procesar los casos y establecer sanciones. Según Pioc, no hay presencia permanente de jueces y, cuando un magistrado llega al territorio, no hay otros funcionarios que complementen el proceso o conozcan los temas indígenas.
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los casi 170 profesores acusados de abuso sexual a menores en la región no han sido procesados: muchos fueron absueltos y a los restantes las autoridades locales los trasladaron, permitiéndoles evadir la justicia ordinaria. Según las leyes peruanas, los crímenes sexuales y abusos de menores contemplan penas de entre tres y cuatro años de prisión.
Pioc también advirtió sobre la justicia local: “Muchas comunidades se rigen por un sistema local: se apresa el agresor, se le castiga con un calabozo o latigazos y ya. Eso lo estamos intentando cambiar con los líderes”.
Brote de VIH y crisis de salud mental
Las consecuencias de los abusos van más allá de los delitos. “Hay niñas de 3 o 4 años que tienen el virus del VIH. Niñas a las que se les transmitió el virus a través de los abusos sexuales”, anotó Maureira. Pioc, por su parte, señaló que “no son solo las niñas, son familias enteras con VIH, sin poder recibir ninguna atención en salud”.
Según el Ministerio de Salud de Perú, entre 2014 y 2026 se han registrado 190 casos de personas infectadas con el VIH en estas comunidades, en edades entre los 14 y los 19 años. A nivel regional, los datos disponibles señalan una prevalencia del VIH del 1,8%, seis veces mayor que en otras regiones del país, en cifras que abarcan toda la provincia de Condorcanqui. El Ministerio de Salud declaró una emergencia médica en la zona para atender a las menores.
Entre los casos de abuso sexual y el contagio de VIH se ha registrado además una crisis de salud mental entre menores. “Nos contaron de múltiples intentos de suicidio de niñas que habían sido violadas o abusadas sexualmente”, dijo Maureira, quien instó a diseñar un plan de atención integral para las menores en el que se evite la estigmatización.
Qué se pide al Estado
Para Pioc hay dos aspectos que deben resolverse con prontitud: el aumento del presupuesto para atender las denuncias de abuso sexual y la construcción de un albergue para las víctimas. “Por ahora tenemos un refugio temporal, pero no podemos tener a las mujeres allí por mucho tiempo”, dijo, y explicó que muchas víctimas no pueden regresar a sus hogares por el estigma o el contagio, y que algunas son trasladadas a refugios donde nadie habla su lengua, el awajún.
La recomendación del Mesecvi se centra en pedir al poder central que otorgue los recursos necesarios para judicializar a los responsables. Por su parte, la ministra de la Mujer de Perú, María Seminario, dijo a la cadena RPP que el informe “va muy en concordancia con lo que estamos planteando desde el Ministerio” y destacó que “no hay una articulación, sino que hay una respuesta fragmentada del Estado”. Seminario señaló que desde hace dos semanas se realizan reuniones con la idea de dar una solución integral por parte de todos los estamentos del gobierno peruano.
Preguntas frecuentes
¿Qué comunidades están afectadas?
Las comunidades awajún y wampis de la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, al norte de Perú, donde residen unos 70.000 miembros.
¿Cuántos casos se han registrado?
Desde 2014 se contabilizan cerca de 1.000 denuncias por abusos sexuales, tocamientos y violencia de género no atendidas por la justicia, según el Mesecvi; algunas entidades hablan de hasta 1.400 casos.
¿Qué consecuencias de salud ha tenido la situación?
Según las autoridades y las organizaciones consultadas, la situación derivó en contagios de VIH entre menores, embarazos adolescentes y una crisis de salud mental con intentos de suicidio.
