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Acusado alcalde del Líbano por presuntas irregularidades en la celebración de un convenio

Con la Fundación de Familias Desplazadas de Colombia por un Nuevo Amanecer para la formulación del Plan de Acción Territorial

Ante un juzgado penal del circuito del Líbano, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión en contra del actual alcalde de esa municipalidad, Jesús Antonio Giraldo Vega. 
De la misma manera, fueron acusados, según sus responsabilidades individuales, Humberto Lozano Moros, ex secretario del interior; y Jorge Eliécer Vásquez Lamilla ex contratista. 

Los hechos 

Como alcalde local Giraldo Vega celebró el convenio de cooperación interinstitucional N° 201 de diciembre de 2012 con la Fundación de Familias Desplazadas de Colombia por un Nuevo Amanecer, la cual está representada por Vásquez Lamilla. El objeto de dicho convenio era la formulación e implementación del Plan de Acción Territorial (PAT) por un término de 10 días calendario y su valor fue tasada en 7’500.000 pesos. 
Este hecho, según el ente acusador se hizo sin la observancia de requisitos legales esenciales como: la ausencia de estudios previos adecuados, señaló el despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima de la Fiscalía que adelanta la investigación.
Al respecto se afirma que en este caso no se hizo un estudio de mercado previo para calcular el valor estimado del contrato, desconociendo el principio de planeación que rige las actuaciones contractuales de las entidades públicas. 
Y agrega que el referido convenio se celebró sin la existencia de la evaluación de idoneidad, experiencia, capacidad técnica y administrativa de la fundación, ni se verificó la existencia de inhabilidades e incompatibilidades, entre otras irregularidades más. 
Además, el burgomaestre habría liquidado el contrato sin que las actividades relacionadas en el convenio se ejecutaran y evacuaran dentro del plazo pactado, violando así el principio de responsabilidad. 
Entretanto, Lozano Moros, secretario del interior para la época de los hechos, señala la Fiscalía, sirvió como supervisor del convenio pasando por alto todas las irregularidades que saltaban a la vista. Por su parte, el contratista, quien era representante de la citada Fundación recibió el dinero sin haber ejecutado las actividades. 

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