Alcalde de San Luis y su hermana procesados por apropiación de más de $190.000.000 del municipio

Por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado, la Fiscalía imputó al alcalde de San Luis, Carlos Fernando Bonilla Lugo, y a su hermana Suly Marcela, por hechos ocurridos entre los años 2016 y 2017.

Se presume que los investigados se apropiaron de más de $190’000.000 tras la supuesta manipulación de numerosos contratos que fueron adjudicados a ‘dedo’ a una empresa fachada, que ellos mismos habrían creado.

Los hermanos no aceptaron los cargos enrostrados por el delegado fiscal y este viernes se realizará en San Luis, la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, que el ente acusador considera pertinente se cumpla en centro carcelario.

Es de resaltar que miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Unidad de Administración Pública capturaron al burgomaestre de 44 años en el centro de la ciudad, la tarde de este 28 de agosto; mientras que la mujer de 37 años se entregó este jueves ante los investigadores del ente acusador, ya que conocía de la orden judicial que pesaba en su contra.

Los hechos por los cuales son investigados acontecieron entre enero del año 2016 y diciembre del año 2017 cuando el capturado, desde el momento en que fue electo, en asocio con su hermana y otras personas, al parecer crearon una empresa criminal con el fin de apropiarse de manera irregular de dineros de las arcas del municipio, ejecutando así un total de 20 contratos y convenios con la Corporación Piel de Colores, supuesta entidad sin ánimo de lucro, que sólo existía en el papel.

Los objetos contractuales entre otros eran para: la atención integral al adulto mayor, ejecución de actividades deportivas, realización de fiestas locales y atención a madres de familia, con lo cual lograron apropiarse presuntamente de manera irregular de los dineros, falsificando alrededor de 108 documentos privados con los cuales pretendían ocultar dicha actividad ilícita.