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Cargos contra ex alcalde de Piedras por presuntas irregularidades en contratación del PAE

Elementos de prueba demostrarían que el exmandatario, junto con una contratista, y la secretaria de gobierno de la época habrían celebrado convenios y contratos de prestación de servicios vulnerando las normas que regulan estos procedimientos.

Un despacho seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación en el Tolima adelantó la audiencia de formulación de imputación de cargos contra el ex alcalde de Piedras, Pedro Antonio Bocanegra Zabala (período 2016 – 2019) quien, presuntamente, sería responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

También fueron imputados en el mismo proceso Karen Ibet Bustos Cárdenas, ex secretaria de Gobierno para la época de los hechos, pues fungió como supervisora. La acción judicial además cobija a la contratista Ligia Rodríguez Molina, representante legal de las fundaciones Mi Tierra y Fundación Compromiso Social (Funsocial).

Las falencias detectadas se dieron en la celebración, en 2016, de cinco convenios para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de las instituciones educativas públicas existentes en la jurisdicción de Piedras; y dos más como apoyo a la gestión. El monto total de los contratos suscritos superó los 451 millones de pesos.

Las anomalías detectadas

Gracias a las labores investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito al grupo anticorrupción del ente acusador, se logró detectar una aparente violación a los principios de transparencia, imparcialidad y selección objetiva.

Al parecer, en un convenio y en un contrato de prestación de servicios se apropiaron de más de siete millones de pesos. Además, se logró determinar que las fundaciones carecían de idoneidad.

Se advirtió, además, el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo lo cual habría generado una violación a principios constitucionales.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por el delegado fiscal.

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