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Niegan demanda que pretendía tumbar controles a escuelas automovilísticas

Según el demandante, el Ministerio de Transporte debía trasladar al Ministerio de Educación la vigilancia de los centros de enseñanza de conducción y dejar en cabeza de ese Ministerio la potestad para habilitar y vigilar el funcionamiento de las futuras escuelas.

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El Consejo de Estado negó una demanda que pretendía dejar sin efectos varias reglas para regular el funcionamiento y vigilancia de los centros de enseñanza automovilística, que fueron establecidas por el Gobierno Nacional en 2009.

La demanda fue interpuesta por la Federación Colombiana de Centros de Enseñanza Automovilística (Fecoldea), porque esa organización consideraba que varias condiciones establecidas en la para la constitución, habilitación y funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística previstos por el Gobierno, debían ser retirados del ordenamiento, porque supuestamente fueron expedidas fuera de las competencias de las autoridades que las expidieron.

Según el demandante, el Ministerio de Transporte debía trasladar al Ministerio de Educación la vigilancia de los centros de enseñanza de conducción y dejar en cabeza de ese Ministerio la potestad para habilitar y vigilar el funcionamiento de las futuras escuelas.

Sin embargo, según la demanda, en el acto administrativo ni siquiera se precisó si se trataba de educación no formal, en los términos previstos por la ley general de educación, creándose así “un nuevo nivel educativo en el país”.

Fecoldea, además decía que las secretarías de educación no pueden otorgar las licencias de funcionamiento, como lo establece uno de los mandatos demandados, porque “no es posible hacerlo sin que esta autoridad precise si se trata de instituciones de educación formal, no formal o informal”.

No obstante, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las normas cuestionadas se ajustan a derecho, en primera instancia, porque existían mandatos que facultaban al Gobierno para expedirlas.

Según el fallo, frente a este nivel de educación, llamada originalmente como no formal y posteriormente como “educación para el trabajo y el desarrollo humano”, la ley le impuso al Gobierno el deber de establecer los requisitos a cumplir por parte de las instituciones que impartan ese tipo de enseñanza, como lo son los centros de formación para conductores.

La providencia indicó, además, que los formadores de instrucción en conducción deberán cumplir los requisitos que el Gobierno exija a los centros de enseñanza automovilística, a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el ministerio de Transporte.

El fallo señala que el hecho de que en el acto administrativo no se precise qué tipo de educación es aplicable a los centros de enseñanza automovilística no crea un nuevo nivel de educación en el país.

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