Paraguay: fiscalía pide prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña por caso Ueno Bank

La fiscalía de Paraguay imputó formalmente al expresidente Santiago Peña por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, vinculados a su actuación durante la crisis de Ueno Bank. El Ministerio Público anunció la medida mediante un comunicado en el que también solicitó la detención preventiva del exmandatario, así como el congelamiento de sus bienes y fondos.
Los cargos y la investigación
Según los fiscales, Peña habría «intervenido en decisiones vinculadas a la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias». Las averiguaciones preliminares revelan que, para septiembre pasado, los distintos organismos del Estado tenían más de 230 millones de dólares depositados en la entidad financiera intervenida.
Medidas similares fueron solicitadas contra Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), a quien se le señala por incumplir sus obligaciones de supervisión sobre el banco. Según informó el diario paraguayo ABC Color, tanto Peña como Carvallo se habrían negado a prestar declaración ante los fiscales.
Tensión y protestas ciudadanas
La imputación del exmandatario se desarrolló en un clima de fuerte tensión. La noche del viernes, una manifestación obligó a las autoridades a trasladar a Peña desde su residencia particular hasta la sede del Regimiento de Escolta Presidencial (REP), donde pasó la noche bajo custodia militar. Horas antes, la justicia le había impuesto arresto domiciliario tras su destitución por parte del Senado debido a su participación en el escándalo financiero.
El sábado, durante su primera comparecencia ante la fiscalía, decenas de ciudadanos se concentraron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado en Asunción para exigir que «caigan» todos los implicados en la crisis provocada por la intervención de la entidad bancaria. Inicialmente estaba prevista la comparecencia en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), pero por «razones de seguridad» se trasladó a la sede central de la fiscalía.
«Pedimos a la ciudadanía que mantenga la calma respecto a la investigación», declaró la fiscal adjunta Nancy Salomón, quien confirmó que el cambio de lugar se realizó para «evitar disturbios». La llegada del exmandatario sin esposas y escoltado por efectivos militares generó reacciones en medios locales y en la opinión pública.
Antecedentes y devolución de fondos
Tras la caída de Ueno Bank, Peña presentó su renuncia al Congreso, decisión que sus críticos consideraron una maniobra para evitar la justicia: de haberse aceptado su dimisión, habría pasado a ser senador vitalicio y conservado fueros que dificultarían su procesamiento penal. Su abogado, Ricardo Preda, criticó la medida de privación de libertad provisional, señalando que su defendido «siempre dijo que se va a someter como cualquier ciudadano a cualquier investigación».
Mientras avanzan las investigaciones, las nuevas autoridades paraguayas han comenzado a atender a los clientes del banco intervenido. El presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, informó que en los dos primeros días de pagos (jueves y viernes) se beneficiaron 1.196.000 personas con el pago de la garantía estatal, por un total de 996 millones de guaraníes (equivalentes a unos 160 millones de dólares). La intervención dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una ola de protestas.
El nuevo presidente Pedro Alliana, juramentado tras la destitución de Peña, escribió en su cuenta de Instagram: «Mi prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero». Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, aseguró que todos los jubilados del país recibirán sus pensiones en la fecha correspondiente, incluyendo los 32.000 que la cobraban a través del banco intervenido.




