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Policía Nacional hace un llamado a garantizar la salud en jornada de manifestación pública

Se insiste en la importancia del uso correcto del tapabocas, del distanciamiento físico y de evitar aglomeraciones, entre otras medidas de bioseguridad.

Con ocasión de las manifestaciones públicas previstas para este miércoles 28 de abril, en medio del tercer pico de la pandemia por covid-19 que lamentablemente ha arrojado por estos días cifras récord de fallecimientos (van más de 71.000 desde el inicio de la pandemia en el país), la Policía Nacional y las autoridades político administrativas garantizarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, así como el normal desarrollo de la jornada.

“Hacemos un llamado respetuoso a todas las personas que van a hacer uso del derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente para que, por favor, piensen en los demás. Ya contamos con los dispositivos a lo largo y ancho del país con el fin prioritario de garantizar la salud para todos los colombianos”, sostuvo el director general de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas Valencia.

En este sentido, se insiste en la importancia del uso correcto del tapabocas, del distanciamiento físico y de evitar aglomeraciones, entre otras medidas de bioseguridad.

El dispositivo policial, que contará con el apoyo de aeronaves y drones, estará en las calles para velar por la tranquilidad y la seguridad tanto de los ciudadanos que hacen parte de las actividades de manifestación pública como de aquellos que no participan en ellas.

Las personas que se vean inmersas en comportamientos contrarios a la convivencia (como aquellos que van en contra de las medidas de bioseguridad) podrían exponerse a una orden de comparendo en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por ejemplo, la sanción contemplada en el Artículo 35 numeral 2, por desacato a una orden de policía, corresponde a una multa tipo 4 cercana al millón de pesos.

Así mismo, las personas que incumplan la ley y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías, pueden enfrentarse, en algunos casos, a consecuencias penales por posible propagación de la pandemia y, lo que es más grave, a la afectación de su propia salud y la de sus familias.

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