Proyecto del Gobierno permitiría que privados e iglesias administren colegios públicos por hasta 12 años

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia presentó para comentarios un borrador de proyecto de decreto que pretende modificar sustancialmente el Decreto 1075 de 2015, abriendo la puerta para que entidades privadas e iglesias o confesiones religiosas asuman la administración y prestación del servicio educativo en colegios públicos del país. La iniciativa, que aún se encuentra en fase de consulta ciudadana y debate público, establece un nuevo marco regulatorio para las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

De acuerdo con el documento normativo, la intervención de terceros mediante contratos de prestación o de apoyo a la gestión pública se daría de forma excepcional. Para acceder a este esquema, las entidades territoriales deberán acreditar técnicamente la existencia de una «insuficiencia» o «limitación» en la oferta oficial, entendida como la carencia de infraestructura física adecuada o la falta de personal docente y directivo en las sedes estatales. Bajo estos criterios, los privados idóneos, colegios clasificados en categoría superior A+ o instituciones religiosas podrán ser contratados para cubrir la canasta educativa, proveyendo desde personal pedagógico y profesionales de apoyo (como psicólogos) hasta material didáctico y alimentación escolar.

Uno de los puntos que genera mayor discusión sectorial es la duración y vinculación laboral de estos esquemas: el proyecto habilita contratos de apoyo a la administración con plazos que van desde los 2 hasta los 12 años, especificando además que el personal docente o directivo contratado por estos operadores externos no ingresará a la carrera administrativa del magisterio oficial ni gozará de sus mismos regímenes, permitiendo contratos a término fijo o eventual. Aunque el Ministerio sostiene que la norma busca garantizar la cobertura y la calidad en zonas vulnerables donde el Estado no logra llegar, analistas advierten que una interpretación flexible de la «insuficiencia» podría derivar en una privatización prolongada de la educación pública.